Comienzan a dictarse sentencias a favor los consumidores y en contra de los Bancos, en reclamación de los gastos de formalización de las escritruras de hipoteca, tales como los gastos notariales, del Registro de la Propiedad y los procedentres del pago del Impuesto de Actos Juridicos Documentados.
El Tribunal Supremo e su sentencia 705/2015 de 23.12.2015, considera también nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Otras cláusulas consideradas nulas son las que imponen al consumidor el pago de los gastos pre-procesales, procesales o de honorarios de abogado y procurador contratados por la entidad prestamista, en casos de incumplimiento de su obligación de pago; las que impiden al prestatario variar el destino del inmueble sin la autorización expresa del banco; y las que equiparan la aceptación por el cliente de una oferta telefónica a su firma manuscrita y a la asunción de las condiciones particulares del contrato.
La sentencia del Tribunal Supremo
Ya existen varias sentencias que condenan a los bancos a devolver esos gastos.
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